Por : Gilberto LAVENANT
Si Baja California se rigiese como un Estado de Derecho, en donde fuese estricta la aplicación de las normas jurídicas, Francisco Vega de la Madrid, o sea Kiko, no fuese candidato a la gubernatura por la Alianza Unidos por Baja California, integrada por el PAN, PRD, PANAL y PEBC. Bueno, y también muchos otros políticos.
Cabe recordar que, el miércoles 12 de junio del año en curso, la diputada Nancy Sánchez Arredondo, dirigente estatal del PRI, acudió a la Unidad de Atención y Orientación Temprana, de la Procuraduría de Justicia del Estado, a denunciar penalmente al panista, por la presunta comisión de delitos tales como enriquecimiento ilícito y peculado.
En su denuncia, Sánchez Arredondo señaló que en una compleja triangulación financiera y tratando de evadir la Ley, Vega de la Madrid se hizo de un terreno de 8 mil metros cuadrados, cuando era Presidente Municipal de Tijuana, simulando ventas a través de terceras personas.
Explicó que en noviembre del 2001, en sus últimos días como Alcalde, puso a la venta un terreno, ubicado en el Fraccionamiento Villa Fontana, sobre la Avenida Aranjuez, con una dimensión de 8 mil 326 metros cuadrados.
El comprador lo fue, su socio, el C.P. Enrique Victoria Espinoza, quien pagó 5 millones 503 mil pesos. Curiosamente, un año después, este vendió el predio a Kiko Vega, ahora exalcalde, y a dos de sus hermanos, Enrique Alejandro y José Fernando, ambos de apellidos Vega de la Madrid, en 5 millones 639 mil pesos. Apenas 136 pesos más que el precio inicial.
Dos años después, Enrique Alejandro Vega de la Madrid, dona la parte proporcional del citado predio, a la señora Elena de la Madrid Fernández, madre de Kiko Vega, candidato a gobernador. Lo interesante es que en julio del 2007, la señora Elena, designa a su hijo Kiko como su Albacea y por lo tanto administrador de sus bienes.
El terreno, que vendió Kiko a su socio, siendo Alcalde de Tijuana, en tan solo 5 millones 503 mil pesos, ahora tiene un valor de 21 millones 412 mil 394 pesos, o sea cuatro veces más que el valor inicial.
En ese predio existe el Centro Comercial Plaza Aranjuez, del que se ostentan como co-propietarios, según copia de contrato de arrendamiento que obra en poder del columnista, el socio de Kiko, C.P. Enrique Victoria Espinoza, Erika Olivia Victoria Galván, Enrique Victoria Galván, Arq. Enrique Alejandro Vega de la Madrid, Francisco Arturo Vega de la Madrid, o sea Kiko, Gloria Elena Vega Gómez, Carolina Vega Gómez, Zarema vega de Labastida y Zaira vega Labastida. Qué bonita familia.
Esto, que parece un enredo, es simplemente una maquinación, para tratar de eludir posibles responsabilidades legales e incluso de carácter penal. La trama fue sencilla : Kiko, siendo Alcalde, le vendió a su socio, y finalmente, se convierte en propietario de dicho predio, pero bajo la modalidad de albacea de su madre. Y todavía hay quienes preguntan : ¿Cómo se hizo de mulas Pedro? Bueno, Pedro quien sabe, pero Kiko se apropio de esa forma de un predio que era parte del patrimonio del Ayuntamiento de Tijuana.
Cuando a Kiko vega le cuestionan sobre este asunto, con todo cinismo dice que son simples mentiras, parte de las campañas negras y que a él, las críticas mentirosas se le resbalan.
El problema es que, olvida aquello de que “los papelitos hablan”, pues resulta que el mentirosillo es el flamante candidato a gobernador. Esto no es un invento de sus rivales políticos, todo está debidamente documentado. Es más, casi es un hecho que si el PAN pierde la gubernatura, Kiko podría ser turnado ante Juez Penal, como presunto responsable del delito de peculado, asociación delictuosa y otros. Los papeles no mienten.
El delito de peculado, previsto en el Artículo 298 del Código Penal vigente en la entidad, lo comete : “el servidor público que, para usos propios o ajenos distraiga de su objeto, dinero, valores, fincas o cualquier otra cosa perteneciente al Estado o municipios, a organismos descentralizados o a un particular, si por razón de su cargo lo hubiere recibido en administración, en depósito o por otra causa”.
Las sanciones más altas, aplicables a quienes cometan dicho delito, son de 8 a 14 años de cárcel. Aunque, como Kiko afirma que aspira a servir a la comunidad, el castigo mínimo que se le puede imponer, es realizar trabajo a favor de la comunidad, consistente esto en la prestación de servicios no remunerados, en instituciones públicas, educativas o de asistencia social, o en instituciones privadas asistenciales. No es, lo mismo que la gubernatura, ni tiene pago, pero es servicio a la comunidad. Sería servidor público.
Quienes duden de la veracidad de esta información, pueden consultar el Periódico oficial del Estado de fecha 10 de agosto del 2001, página 101, en donde aparece la certificación, por parte de Salvador Morales Riubí, Secretario General del XVI Ayuntamiento, que encabezaba Kiko Vega, la enajenación del predio, al socio de Kiko.
Esta operación, realizada por Kiko Vega a favor de su socio, quien luego la cedió a los hermanos del exalcalde y por lo tanto a favor de este, resulta fraudulenta y en perjuicio del patrimonio del Ayuntamiento de Tijuana. Mínimo, debió ser inhabilitado para ocupar cargos públicos y entonces estuviese impedido para ser candidato a gobernador.
Además, tales conductas indebidas, contravienen a la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado de Baja California. Un caso que pasará a la historia política de Baja California, como un ejemplo de la corrupción desbordante y de la grosera impunidad que impera en la entidad. Pero Kiko dice que son mentiras.
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