La Iniciativa incluye reformas a los Códigos Penal y de Procedimientos Penales
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Mexicali, B.C. jueves 20 de junio de 2013.- La Diputada Nancy Sánchez Arredondo presentó una Iniciativa a fin de crear el Instituto para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones en el Estado, así como reformar los Códigos Penal y de Procedimientos Penales.
La propuesta fue planteada ante el Pleno de la Asamblea como parte de los asuntos tratados durante la sesión ordinaria celebrada el pasado miércoles, bajo la conducción del Presidente de la Mesa Directiva de la XX Legislatura, Diputado Gregorio Carranza Hernández.
La Iniciativa fue respaldada por los integrantes de las fracciones parlamentarias del PRI, PVEM, PT, así como del Diputado independiente, Marco Antonio Vizcarra Calderón.
El resolutivo primero de la Iniciativa se refiere a la Ley que en sus 26 artículos crea el mencionado Instituto como un organismo desconcentrado de la administración pública, sectorizado a los Servicios Estatales de Salud, encargado de programar, coordinar, difundir, impulsar y ejecutar las acciones encaminadas a prevenir y tratar las adicciones en Baja California.
Al frente del Instituto se propone un Coordinador General que será nombrado por el titular del Poder Ejecutivo, y contará con las unidades administrativas necesarias para el eficaz cumplimiento de sus funciones.
En el artículo 10 de la Ley se precisa que para el cumplimiento del objeto de su creación, el Instituto tendrá, entre otras, las siguientes facultades y obligaciones:
Proponer la elaboración y ejecución de programas preventivos de identificación temprana de la persona con problemas de adicción con perspectiva de género y de familia, con el objeto de concientizar a los padres de familia, niñez, adolescencia y en general a la población del Estado, de los efectos nocivos que generan las adicciones; incluyendo programas terapéuticos, rehabilitatorios y de reinserción social; así como desarrollar los mecanismos de evaluación correspondientes.
Por lo que hace al Código Penal, se propuso reformar la fracción II del artículo 55, el cual se refiere al catálogo y clases de medidas de seguridad que se pueden imponer.
El texto planteado es el siguiente: “En los casos que proceda la suspensión del proceso a prueba en el procedimiento penal, dicho tratamiento se llevará a cabo por el Instituto para la Prevención y Tratamiento de las Adicciones del Estado, de conformidad con las condiciones bajo las cuales se suspende el proceso y en coordinación con la autoridad responsable de su vigilancia.
Respecto al Código de Procedimientos Penales, se propuso reformar el artículo 200 y la fracción IV del artículo 204. En ambos casos el objetivo es incluir en el texto, que se refiere a los autos de vinculación a proceso, que se deberá realizar una evaluación diagnóstica por el mencionado Instituto.
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