En los procesos de evaluación y certificación, se comprenderá la participación de ciudadanos o representantes de la sociedad
Mexicali, B.C., martes 15 de enero de 2013.- Con la finalidad de dar cumplimiento a los objetivos y fines de la evaluación y certificación de los miembros, agentes del Ministerio Público, Peritos, elementos de apoyo de las instituciones de Seguridad Pública y personal operativo de los prestadores de Servicios de Seguridad Privada, el Congreso del Estado adicionó la Ley en la materia.
Lo anterior tuvo verificativo durante la sesión ordinaria celebrada este día bajo la conducción de la Diputada Rosana Soto Agüero, Vicepresidenta de la Mesa Directiva de la XX Legislatura, al someterse a debate parlamentario el dictamen número 3 de la Comisión de Seguridad Pública que preside el Diputado Marco Antonio Vizcarra Calderón.
De manera unánime se aprobó adicionar con los párrafos segundo y tercero el artículo 32 de la Ley de Seguridad Pública del Estado para quedar como sigue: “Para el cumplimiento de sus objetivos y fines, en los procesos de evaluación y certificación, se comprenderá la participación de ciudadanos o representantes de la sociedad organizada”.
“Para efectos de lo dispuesto en el párrafo anterior, el Ejecutivo del Estado expedirá las disposiciones reglamentarias relacionadas con el proceso de designación, requisitos, número de ciudadanos o representantes de la sociedad organizada y demás aspectos que sean necesarios”.
La Iniciativa fue presentada por los Diputados Marco Antonio Vizcarra Calderón, Víctor Hugo Navarro Gutiérrez del PVEM y los integrantes de la Fracción Parlamentaria del PRI, y en la exposición de motivos se argumentó que a pesar de que actualmente se desarrollan los procesos a efecto de realizar la evaluación y certificación de los diversos cuerpos de seguridad pública del Estado, éstos requieren necesariamente de una redefinición como un factor determinante para solucionar conjunta e integralmente las problemáticas que en materia de seguridad pública flagelan gravemente a la comunidad, y para lo cual es indispensable establecer mecanismos que reconozcan y fortalezcan la participación de los ciudadanos en dichos procedimientos.
Asimismo, se destacó la necesidad de contar con un Centro de Evaluación y Control de Confianza de Baja California, en donde se incluya la participación corresponsable de gobierno y sociedad, a fin de dar transparencia a los procesos de elección y permanencia del personal, elementos de seguridad pública y procuración de justicia; ya que esto se traducirá en notables beneficios poblacionales, tales como una actuación policial eficiente, la recuperación de la credibilidad ciudadana y una mayor calidad en el servicio que demanda la sociedad.
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